Ayer venció el plazo para que los establecimientos informaran si se convertirían a sin fines de lucro, o pasarían a ser a privados.

Tres principios rigen la Ley de Inclusión: terminar con el lucro, la selección y el copago en los colegios que reciben dineros del Estado. Y ayer se cumplió el primer plazo para que los recintos particulares subvencionados informaran si se transformarán a entidades sin fines de lucro o a particulares pagados.

De optar por esta última, como no recibirán más recursos del fisco, sus mensualidades podrían subir hasta en $80 mil. Mientras, si se transforman en sin fines de lucro, tienen el incentivo de poder seguir arrendando el inmueble en donde funcionan por 10 años más, sin tener que comprarlo.

Un ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo, con los 100 mejores colegios particulares subvencionados del país -según el último Simce de 2ª medio- fue la base para que “El Mercurio” le consultara a 97 establecimientos sobre su decisión.

Setenta liceos respondieron, y de ellos, un 21,4% (15) informó que se transformará a particular pagado. En tanto, el 77,1% (54) dijo que se transformará a sin fines de lucro, o bien seguirá bajo esa modalidad. Y hubo un liceo que no tenía la decisión tomada.

La cifra total de colegios que se transformarán a particulares la dará a conocer hoy el Mineduc. La subsecretaria Valentina Quiroga sostuvo que el objetivo de la norma es que “los proyectos educativos estén al alcance de la mayor cantidad de familias. Por lo tanto, que un establecimiento pase a particular pagado es preocupante, ya que como dejarán de recibir el apoyo del Estado, tendrán un cobro tremendamente elevado”.

A sin fines de lucro

En los 53 colegios que serán sin fines de lucro, hay más de 50 mil alumnos. Y la mayoría se justifica en que no se quiere perjudicar a los educandos.

Desde el Colegio Manquemávida, de Santa Cruz, plantearon que van a crear una fundación, “porque tenemos un gran porcentaje de alumnos vulnerables”. Agrega que su espíritu fundacional es “dar a los niños de bajos recursos la oportunidad de una educación de calidad”.

En tanto, Jorge Figueroa, director de la Fundación Chaminade, encargada del Instituto Miguel León Prado, cuenta que ellos ya son fundación y que ahora transitarán hacia la gratuidad. “La educación es un derecho que debe ser resguardado por el Estado, y es lamentable la desigualdad que se produce en nuestra sociedad en el acceso a una educación de calidad, dependiendo de lo que puedan pagar las familias”, asegura.

El Juan Salvador College, de San Javier, optó por volverse privado. Su directora, Teresa González, cuenta que esto se decidió pues “la inversión que he realizado no es menor. Además de ser parte de mi patrimonio, están mi esfuerzo, mi trabajo, por lo que siempre he considerado recibir una justa compensación por ello”.

En tanto, el representante del Colegio Camilo Henríquez, de Maipú, Jaime Muñoz, dice que se convertirán a privado, pues su proyecto requiere de “autonomía, asunto en el cual la ley hace un énfasis exactamente inverso; aumenta de forma agobiante los controles burocráticos”.

Este año, en cinco regiones el ingreso a los colegios municipales y subvencionados será a través de una tómbola. Y la mayoría de los sostenedores se muestra contrario a este mecanismo. “Genera un alto nivel de incertidumbre en los padres”, asegura Sandra Ruiz, gerenta de la Fundación Nocedal. Mientras, Rodrigo Ketterer, del Colegio Monte de Asís, de Puente Alto, añade que “a partir de 7° básico deberían existir criterios de mérito académico, deportivo, artístico o de otra naturaleza”.

Fuente: Economía y Negocios